Al igual que muchos otros países de América Latina, la estabilidad interna de Colombia depende de una gran variedad de factores y un acontecimiento puede desencadenar una importante ola de malestar social. Lo vimos, por ejemplo, en Brasil en 2013 y 2014 y en Chile en 2019, cuando tanto la presidenta Dilma Rousseff como el presidente Sebastián Piñera, respectivamente, subieron las tarifas de los autobuses y los trenes, desatando protestas en todo el país. Estos pequeños acontecimientos son catalizadores de algo mucho más grande. Tras el asesinato de un civil a manos de la policía, las manifestaciones vuelven a estallar en todo el país y no parecen centrarse únicamente en la brutalidad policial.
En septiembre de 2020, Javier Ordóñez fue detenido tras supuestamente intercambiar algunas palabras irrespetuosas con la policía. Según informes locales y posteriormente confirmados por el gobierno, siete policías en una estación de policía en Bogotá procedieron a agredirlo, creándole graves lesiones que finalmente y al parecer lo llevaron a la muerte más tarde en una clínica. Pocas horas después del suceso, empezaron a reunirse protestas en torno a las comisarías de la capital. En otras ciudades, como Medellín, las comisarías fueron quemadas y vandalizadas. En dos noches de protestas murieron 13 civiles, algunos de tan solo 17 años, y otros 300 resultaron heridos. Tanto el asesinato de Ordóñez como el enfrentamiento entre los manifestantes y la policía reavivaron el debate sobre la violencia policial en el país. A diferencia de otros países, las fuerzas policiales de Colombia están bajo el mando del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior, lo que lleva a que la mayoría de las denuncias de abusos e infracciones policiales se discutan en los tribunales militares y no en los civiles. Además, durante el brote de COVID-19 y el posterior bloqueo nacional, las fuerzas policiales vieron reforzados sus poderes y los manifestantes afirman que el número de casos de abusos ha ido en aumento. Al igual que en otros países en los que la brutalidad policial ha sido un tema de debate en 2020, el presidente Duque considera que la violencia contra cualquier cuerpo de seguridad es un asunto criminal al que hay que responder con una actuación policial y militar más fuerte y dura, y anunció que 2.000 soldados se sumarían a la policía en Bogotá.
Sin embargo, sería erróneo considerar que estas protestas se centran únicamente en la brutalidad policial. Seis meses después del estallido de la pandemia, se puede ver más claramente su impacto económico, con un desempleo urbano que alcanza un preocupante 25%. Además, el gobierno también está luchando por alcanzar el control territorial en las zonas rurales de Colombia. La administración de Duque está luchando por implementar el Acuerdo de Paz negociado por el gobierno anterior con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Varios grupos armados y cárteles de la droga, sobre todo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han ido capturando comunidades antes controladas por las FARC, buscando aumentar su influencia tanto en la industria minera como en el mercado de las plantaciones de coca.
Los índices de aprobación de Duque desde que asumió el cargo en 2018 han sido una montaña rusa. En abril de 2020, sus índices de aprobación llegaron al 52%, a pesar de que dos meses antes apenas superaban el 20%. Es de esperar que su popularidad vuelva a caer en los meses posteriores a estas protestas. A pesar de las promesas de una conversación nacional para abordar las manifestaciones del año pasado, los temas de la corrupción, la desigualdad y el manejo del Acuerdo de Paz aún no se han abordado. De hecho, algunos de estos temas se están agudizando con la actual pandemia.
Las últimas encuestas han indicado un gran apoyo a los candidatos progresistas en Colombia, en línea con lo ocurrido en octubre de 2019 en las elecciones locales. Es importante destacar que los tres candidatos que lideran esas encuestas hacen parte del movimiento por la paz «Defendamos la Paz» enfocado en promover la implementación del Acuerdo de Paz. El presidente Duque no podrá presentarse a un segundo mandato ya que, según la ley colombiana, un presidente no puede presentarse a la reelección y su partido, el Centro Democrático, está actualmente marginado en las encuestas. No todo está relacionado con el mencionado descontento popular respecto a la actuación del actual Presidente. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia durante dos mandatos, que se cree que jugó un papel crucial en la elección de Duque en 2018 y que está considerado como una de las figuras más influyentes entre la plataforma de la derecha colombiana, se encuentra actualmente en arresto domiciliario mientras se tramitan las acusaciones de fraude y manipulación de testigos en su contra.
Con el brote de COVID-19, el presidente Duque muy probablemente cambiará su actual estrategia política. Atraer la inversión extranjera y crear un sector privado fuerte y saludable ya no puede ser su principal prioridad. Además, en línea con la implementación del Acuerdo de Paz, la base conservadora de Duque necesita suavizar su posición sobre la guerra contra las drogas y el conflicto con las FARC. Ante la pandemia de coronavirus, el gobierno necesita proteger tanto a sus ciudadanos como a las empresas de la crisis económica y sanitaria si los conservadores quieren tener una oportunidad en las próximas elecciones presidenciales de 2022. A pesar de que sus índices de aprobación no son muy optimistas y de que los colombianos están, una vez más, saliendo a la calle para demostrar su descontento hacia su administración, es muy probable que Iván Duque complete su mandato presidencial. La mala noticia para los conservadores colombianos es que las últimas encuestas sobre las elecciones presidenciales de 2022 parecen indicar un rechazo a las políticas de Duque y un apoyo a figuras más progresistas. La buena noticia, en cambio, es que el actual Presidente tiene dos años más para revertir tales pronósticos.