Antecedentes – International Justice Monitor

Introducción

En 2013, José Efraín Ríos Montt (ya fallecido), que gobernó Guatemala durante casi diecisiete meses en 1982 y 1983, y su entonces jefe de inteligencia militar, se enfrentaron a un juicio en Ciudad de Guatemala por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Los cargos se derivaron de las masacres sistemáticas de la población indígena del país llevadas a cabo por las tropas guatemaltecas y las fuerzas paramilitares durante esta fase de la larga y brutal guerra civil del país, así como de los correspondientes desplazamientos forzados masivos.

Esta fue la primera vez que un ex jefe de Estado fue procesado por genocidio en un tribunal nacional, y no en uno internacional. El juicio constituyó un hito importante para que los líderes políticos y militares rindieran cuentas por crímenes internacionales. Para los guatemaltecos, contribuyó a un recuento histórico preciso de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil, en un proceso que ayudó a reforzar la joven democracia del país.

Una comisión de la verdad patrocinada por las Naciones Unidas y establecida en virtud del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en 1996, estimó que más de 200.000 personas murieron o fueron sometidas a desapariciones forzadas durante los 36 años de conflicto, más del 80 por ciento de ellas pertenecientes a poblaciones indígenas mayas. La comisión determinó que el personal de seguridad del Estado y los paramilitares fueron responsables del 93 por ciento de las violaciones. La comisión identificó más de 600 masacres y determinó que el Estado era responsable de la violencia sistemática, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, los escuadrones de la muerte, la denegación de justicia y otros delitos y violaciones, cuyas víctimas procedían en su mayoría de comunidades indígenas y rurales. El período de tres años entre 1981 y 1983 representa el 81 por ciento de las violaciones reportadas por la comisión de la verdad en relación con el conflicto de 36 años, con casi la mitad (48 por ciento) de todas las violaciones reportadas ocurriendo durante 1982.

La comisión encontró específicamente que el Estado fue responsable de actos de genocidio en cuatro regiones designadas entre 1981 y 1983. La comisión afirmó que el Ejército identificó a los mayas como «enemigo interno» como base de apoyo de la guerrilla y cometió masacres con el objetivo de matar al mayor número de personas posible, con una planificación estratégica y en respuesta a la política estatal. En la región ixil, entre el 70 y el 90 por ciento de las comunidades fueron aniquiladas durante este periodo.

Hasta hace poco, nadie había rendido cuentas por estos crímenes. En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el índice de impunidad de Guatemala para los crímenes actuales y pasados era del 98 por ciento. Identificó la impunidad de los crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto armado interno como casi total. Las investigaciones y los enjuiciamientos nunca se iniciaron, o permanecieron perpetuamente estancados. Incluso cuando se dictaban órdenes de detención contra los presuntos autores, éstas nunca se ejecutaban.

En los últimos años, sin embargo, se han dado pasos significativos hacia el enjuiciamiento de los crímenes más graves, que se iniciaron bajo el liderazgo de Claudia Paz y Paz, antigua Fiscal General de Guatemala. Durante su mandato se llevaron a cabo importantes reformas, como la creación de tribunales especializados y la designación de jueces centrados en casos de «alto riesgo» (incluido el Tribunal de sentencia de Mayor Riesgo A, donde tuvo lugar este juicio). Antes de 2013, los enjuiciamientos eran limitados, y la mayoría se dirigían a soldados o paramilitares de bajo nivel, en lugar de a sus comandantes. Este juicio marcó un importante punto de inflexión.

Historia del caso

El Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), una importante ONG guatemalteca, y el abogado de derechos humanos Edgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos en Guatemala, en representación de la Asociación Para Justicia y Reconciliación (AJR), iniciaron una denuncia ante el Ministerio Público en 2001 para que se investigara y enjuiciara a los comandantes responsables de las violaciones cometidas en 1982 y 1983, los años más brutales de la guerra civil de Guatemala. Varios grupos presentaron un caso similar en la Audiencia Nacional española a finales de 1999, en el que se acusaba a ocho altos cargos de crímenes internacionales: tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado. (Una ley española de 1985 permite el enjuiciamiento de determinados delitos, incluido el genocidio.)

La fiscalía nacional acusó a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez de genocidio y crímenes contra la humanidad. El ex jefe de Estado Ríos Montt fue incluido como acusado el 26 de enero de 2012 tras perder su inmunidad como miembro del Congreso en 2012.

La primera acusación de genocidio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez fue en relación con 15 masacres contra la población ixil que vivía en la región del Quiché durante su gobierno como jefe de Estado entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Estos cargos alegaban que Ríos Montt fue el autor intelectual de 1.771 muertes, el desplazamiento forzado de 29.000 personas, la violencia sexual contra al menos 8 mujeres y la tortura de al menos 14 personas. Alegaron que Rodríguez Sánchez implementó planes militares responsables de la matanza de civiles en el Triángulo Ixil de Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, en Quiché.

En una segunda acusación de genocidio, introducida en mayo de 2012, Ríos Montt fue acusado en relación con la muerte de 201 personas en Dos Erres (Petén) en diciembre de 1982.

El juicio, que se inició el 19 de marzo de 2013, se refería únicamente al primer conjunto de cargos -los asesinatos, el desplazamiento forzoso, las violaciones sexuales y la tortura de la población ixil en la región del Quiché-. Los cargos de las Dos Erres se verán por separado; aún no se ha fijado una fecha.

Ríos Montt afirmó su inocencia durante todo el proceso. Entre los argumentos de la defensa se encuentra que Ríos Montt no tenía responsabilidad de mando sobre los oficiales directamente responsables de las violaciones, o que no ordenó ni participó directamente en los supuestos actos. También afirmó que una ley de amnistía de 1986, introducida por el entonces presidente Oscar Humberto Mejía Victores, prohíbe el procesamiento. Un recurso (de amparo) relativo a la ley de amnistía fue rechazado por infundado por la Corte de Constitucionalidad en marzo de 2013.

Se han presentado cargos relacionados contra los ex generales Mejía Victores (sucesor de Ríos Montt como presidente y su ex ministro de Defensa) y Héctor Mario López Fuentes, Jefe del Estado Mayor del Ejército bajo Ríos Montt. Ambos fueron capturados en 2011, pero los cargos contra ellos han sido suspendidos debido a su estado de salud.

El 2 de abril de 2018, mientras se enfrentaba a un nuevo juicio por los cargos originales de genocidio, Ríos Montt falleció. Tenía 91 años de edad.

Documentos judiciales y jurídicos

International Law Experts amicus brief on amnesty

Lawyers without Borders – Canada (ASFC) amicus brief on amnesty

Fundación Madrid Paz amicus brief on amnesty

Casos relacionados

Otros procesos por crímenes internacionales internos

El Ministerio Público ha logrado iniciar otros procesos relacionados con el conflicto armado interno, aunque la mayoría han sido contra funcionarios de bajo nivel. En los últimos cinco años, el Ministerio Público en Guatemala ha logrado condenas históricas por desapariciones forzadas. Además, varios soldados (al menos 28) han sido condenados por su participación en asesinatos o masacres durante la guerra civil. Al menos 18 de ellos han sido condenados por crímenes de lesa humanidad, además de varios cargos de asesinato.

Algunos funcionarios de seguridad de mayor rango han sido condenados, aunque su número es limitado. En diciembre de 2009, los tribunales guatemaltecos condenaron al coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa por la desaparición forzada de ocho miembros de su familia en la masacre de El Jute de octubre de 1981, y el 22 de agosto de 2012 un tribunal guatemalteco condenó al ex jefe de policía Pedro García Arredondo por desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad (tortura). Otros casos relacionados están en curso o pendientes.

El caso español

Un caso introducido en la Audiencia Nacional española en diciembre de 1999 por un grupo de guatemaltecos, liderado por la activista maya Rigoberta Menchú, acusa a ocho funcionarios de alto rango, incluyendo a Ríos Montt, de crímenes internacionales-tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo patrocinado por el Estado. Una ley española de 1985 permite el enjuiciamiento de determinados delitos enumerados (entre ellos el genocidio, el terrorismo y la piratería) y «cualquier otro que, de acuerdo con los pactos y tratados internacionales, deba ser perseguido en España». El Center for Justice and Accountability, con sede en Estados Unidos, ha sido el abogado principal desde 2006.

En 2006, un juez de la Audiencia Nacional española emitió órdenes de detención, incluida una orden de arresto contra Ríos Montt, y una orden de congelación de activos. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala aceptó inicialmente las órdenes y arrestó a dos acusados (Guevara Rodríguez y García Arredondo). Sin embargo, en diciembre de 2007, el Tribunal Constitucional declaró inválidas las órdenes de detención, se negó a ordenar la extradición y, en su lugar, ordenó la liberación de los dos acusados detenidos.

En 2008 y 2009, la Audiencia Nacional española escuchó el testimonio de víctimas y peritos. En abril de 2011, la Audiencia Nacional española emitió una orden de detención y solicitó la extradición de Jorge Sosa Orantes, por su papel en la masacre de Dos Erres. Las autoridades canadienses lo detuvieron debido a una orden emitida en Estados Unidos en relación con cargos relacionados con la inmigración, y lo extraditaron en 2012. Está previsto que vaya a juicio en California por cargos de fraude de naturalización en agosto de 2013.

Nombres y hechos significativos

Sección de Inteligencia del Ejército, o Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (D-2 o G-2)

La D-2 o G-2 era la Unidad de Inteligencia del Ejército.

Comité de Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras (CACIF)

El CACIF es una coalición de intereses empresariales guatemaltecos.

Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)

La FAFG es una organización no gubernamental forense sin fines de lucro con sede en Guatemala que trabaja en coordinación con el Ministerio Público para realizar exhumaciones, peritajes e investigaciones científicas.

Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)

El EGP fue una organización guerrillera de izquierda que se unió a ORPA, PGT y FAR en 1982 para formar la URNG.

Tribunales de «alto riesgo» o «alto impacto»)

Los tribunales de «alto riesgo» o «alto impacto» son tribunales especializados supervisados por jueces de «alto riesgo» o «alto impacto» para tratar casos más complicados o delicados.

Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)

El Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala es el más grande de su tipo en América Latina. Tiene aproximadamente 80 millones de páginas de registros de más de 100 años. El mandato del AHPN es preservar y poner a disposición del público los registros de la disuelta Policía Nacional de Guatemala. El AHPN fue descubierto por accidente en 2005.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)

La CEH funcionó de febrero de 1997 a febrero de 1999 en virtud del Acuerdo de junio de 1994 sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos del pasado. La Comisión fue presidida por Christian Tomuschat, nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas. Produjo un informe final, Guatemala: La memoria del silencio.

Triángulo Ixil

El Triángulo Ixil es el nombre dado por los militares a tres comunidades del altiplano noroccidental guatemalteco, en el departamento de El Quiché. Las comunidades son Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. La población de estas comunidades es predominantemente maya ixil, la población y las comunidades más afectadas por el conflicto armado interno y la estrategia de contrainsurgencia del ejército y la campaña de tierra quemada, particularmente a principios de la década de 1980.

Kaibiles

Los Kaibiles (o la Patrulla Especial Kaibil, o PEK) son una Unidad de Fuerzas Especiales del Ejército en Guatemala. Es un escuadrón de élite especialmente entrenado. Durante el conflicto armado interno, los kaibiles participaron en operaciones de contrainsurgencia.

Doctrina de Seguridad Nacional

La Doctrina de Seguridad Nacional describe la ideología de los regímenes militares latinoamericanos durante la Guerra Fría particularmente centrada en la amenaza interna de la actividad subversiva y la guerra de clases, con el apoyo de la política anticomunista del gobierno estadounidense de la época. Según el informe de la comisión de la verdad de la ONU «Esta definición de la población como amenaza potencial fundada en la Doctrina de Seguridad Nacional fue el punto de partida para la aniquilación de las organizaciones sociales, así como las masacres y el arrasamiento de cientos de comunidades en todo el país.» Intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional fue la noción del «enemigo interno».

Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)

Las PAC fueron milicias civiles reclutadas entre la población civil rural bajo la presidencia de facto de Ríos Montt, a partir de 1981.

Departamento de Seguridad Presidencial («La Regional» o el «Archivo»)

«El Archivo» era la Unidad de Inteligencia del Presidente.

Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)

Las FAR fueron una organización guerrillera de izquierdas que se unió con la ORPA, el EGP y el PGT en 1982 para formar la URNG.

Informe REMHI

El Informe REMHI es el informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica. Titulado Nunca Más, el Informe REMHI es el primero de los dos informes de la comisión de la verdad relacionados con el conflicto armado interno de Guatemala. El informe concluye que los militares fueron responsables del 87% de las aproximadamente 200.000 muertes y desapariciones de civiles. El autor principal del informe, el obispo Juan José Gerardi, fue asesinado a golpes dos días después de la publicación del informe. Tres oficiales del ejército y un sacerdote que actuó como cómplice fueron finalmente condenados por su participación en el asesinato.

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)

La URNG fue el resultado de la coalición en 1982 de cuatro grupos guerrilleros de izquierda: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). La URNG participó en las negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado interno.

Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA)

La ORPA fue una organización guerrillera de izquierda que se unió con el EGP, el PGT y las FAR en 1982 para formar la URNG.

Guatemalan Party of Labour (Partido Guatemalteco del Trabajo, or PGT)

The PGT was a left-wing guerrilla organization which joined with ORPA, EGP and FAR in 1982 to form the URNG.

Trial Monitoring Partners

The Open Society Justice Initiative is grateful for the significant contributions of the following partner organizations and experts. Their help in monitoring and reporting on every day of the trial made this website possible, and their continued support serves to expand awareness of ongoing accountability efforts in Guatemala.

Center for Justice and International Law

International Center for Transitional Justice

National Security Archive

Plaza Publica

Allison Davenport

Amy Ross

Jo-Marie Burt

Jonathan Eoloff

Kate Doyle

Lisa Laplante

Luis Mogollon

Mary Beth Kaufmann

Matt Eisenbrandt

Raquel Aldana

Roxanna Altholz

Shawn Roberts

Susan Gzesh