Nacionalización, alteración o asunción del control o la propiedad de bienes privados por parte del Estado. Históricamente es un desarrollo más reciente que, y difiere en motivo y grado, de la expropiación, o dominio eminente, que es el derecho del gobierno a tomar propiedades, a veces sin compensación, para fines públicos particulares (como la construcción de carreteras, embalses u hospitales).
La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974, así como la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, exigen una compensación adecuada por la nacionalización de empresas privadas existentes.
Un rescate es una forma de nacionalización en la que el gobierno toma el control temporal de la mayoría de una empresa y sus activos. En estas situaciones, los accionistas privados de la empresa pueden permanecer, pero los contribuyentes (es decir, el gobierno) también se convierten en accionistas por defecto, aunque su influencia puede ser insignificante. La nacionalización, por tanto, puede producirse a través de la transferencia de los activos de una empresa al Estado o a través de la transferencia del capital social, dejando que la empresa siga existiendo para llevar a cabo su actividad bajo el control del Estado. La nacionalización también puede producirse sin ninguna forma de absorción, lo que refleja el carácter originalmente nacionalizado de una industria concreta, como la educación pública. En Estados Unidos, la educación pública está controlada por el gobierno a nivel estatal.
La nacionalización ha acompañado a la aplicación de las teorías comunistas o socialistas de gobierno, como fue el caso de la transferencia de las empresas industriales, bancarias y de seguros al Estado en Rusia después de 1918, la nacionalización de las industrias petroleras en México en 1938 y en Irán en 1951, y la nacionalización de las empresas extranjeras en Cuba en 1960. Sin embargo, no es raro que industrias como la minería, la energía, el agua, la sanidad, la educación, el transporte, la policía y la defensa militar funcionen a nivel nacional o municipal dentro de las democracias en virtud de acuerdos en los que los contribuyentes, a través de los funcionarios elegidos, pueden ejercer cierta medida de control sobre los servicios que necesita una gran mayoría de ciudadanos. Los debates sobre la nacionalización giran en torno a la cuestión de si estas industrias deben ser propiedad de empresas privadas, cuyo objetivo primordial es la maximización de los beneficios, o de los gobiernos, cuyo objetivo principal es garantizar unos servicios rentables. En algunos países en desarrollo, el control estatal temporal de varias operaciones industriales puede implementarse para mitigar la falta de un mercado de capitales o una oferta insuficiente de empresarios en el sector privado nacional, permitiendo así un mercado suficientemente competitivo.
Las cuestiones de derecho internacional se plantean normalmente sólo cuando los accionistas de una empresa nacionalizada son extranjeros. En tales situaciones, la diplomacia y el arbitraje internacional garantizan el pago legítimo de una indemnización justa.
Los Estados cuyos nacionales suelen ser inversores extranjeros confían cada vez más en las cláusulas específicas de los tratados que prevén la protección de las inversiones. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en particular, ha suscrito este tipo de tratados, junto con cláusulas que confieren jurisdicción obligatoria a la Corte Internacional de Justicia. El gobierno estadounidense también ofrece un seguro contra la nacionalización, la expropiación y la confiscación.
La nacionalización de empresas puede tener consecuencias de gran alcance, tanto negativas como positivas, dependiendo de las motivaciones de las entidades nacionalizadoras y del impacto sobre los accionistas, los contribuyentes y los consumidores. El Canal de Suez, propiedad de los franceses y los británicos y explotado durante 87 años, fue nacionalizado varias veces a lo largo de su historia: en 1875 y 1882 por Gran Bretaña y en 1956 por Egipto, la última de las cuales dio lugar a una invasión de la zona del canal por parte de Israel, Francia y el Reino Unido para proteger sus intereses, que incluían el mantenimiento de una vía para el envío de crudo desde el Golfo Pérsico. El Canal de Suez sigue siendo emblemático de las implicaciones geopolíticas inherentes a la nacionalización cuando se ejerce como medio para afirmar la soberanía nacional y geográfica.