La ley federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia (RICO) fue aprobada en 1970 como el «último sicario» en los juicios de la mafia. Antes de la RICO, los fiscales sólo podían juzgar los delitos relacionados con la mafia de forma individual. Como cada delito era perpetrado por diferentes mafiosos, el gobierno sólo podía procesar a delincuentes individuales en lugar de acabar con toda una organización criminal. Hoy en día, el gobierno rara vez utiliza la ley RICO contra la mafia. En cambio, como la ley es tan amplia, tanto las partes gubernamentales como las civiles la utilizan contra todo tipo de empresas, tanto legales como ilegales.
La RICO permite procesar a todos los individuos involucrados en una organización corrupta. En el caso de los procesos contra la mafia, eso significa que el gobierno puede perseguir tanto a los altos cargos como a los sicarios y capos. Y la ley RICO también establece penas mucho más severas. John L. Smith describió el impacto de la ley RICO en un artículo para el Las Vegas Review-Journal: «Después de la RICO, las familias de la mafia empezaron a resquebrajarse ante la amenaza real de que sus miembros y asociados pudieran ser acusados en masa por una amplia gama de actividades delictivas. … hasta el más fuerte de los hombres de pie tendría problemas para desvanecer las sentencias de 20 años (y más) que empezaron a acompañar a las condenas de la RICO».
Si bien la RICO estaba originalmente dirigida a la Mafia, en los últimos 37 años, los fiscales la han utilizado para atacar muchas formas de crimen organizado: bandas callejeras, cárteles de bandas, departamentos de policía corruptos e incluso políticos.
Criminal RICO
Para violar la RICO, una persona debe participar en un patrón de actividad de crimen organizado conectado a una empresa. La ley define 35 delitos como constitutivos de chantaje, incluyendo el juego, el asesinato, el secuestro, el incendio provocado, el tráfico de drogas y el soborno. De manera significativa, el fraude postal y electrónico están incluidos en la lista. Estos delitos se conocen como delitos «subyacentes». Para acusar bajo la ley RICO, al menos dos delitos precedentes en un plazo de 10 años deben haber sido cometidos a través de la empresa.
Nótese que se requiere una empresa. Puede tratarse de una familia criminal, una banda callejera o un cártel de la droga. Pero también puede ser una corporación, un partido político o una empresa de atención médica administrada. La empresa sólo tiene que ser una entidad discreta; pero una empresa no es lo mismo que un individuo. Así, una corporación puede ser la empresa a través de la cual los individuos cometen delitos, pero no puede ser a la vez un individuo y la empresa.
La ley penal RICO prevé penas de prisión de 20 años y severas sanciones económicas. La ley también permite a los fiscales embargar bienes, para que no puedan ser sacados del país antes del juicio.
RICO civil
Aunque la RICO amenaza con penas de prisión muy largas para los extorsionistas, el verdadero poder de la ley es su componente civil. Cualquiera puede presentar una demanda civil si ha sido perjudicado por una violación de la ley RICO y, si gana, recibirá el triple de los daños. En la década de 1980, los abogados civiles intentaron encajar muchas reclamaciones diferentes dentro de la RICO, pero en la década de 1990 los tribunales federales establecieron una serie de obstáculos para las reclamaciones civiles de la RICO. Para tener éxito en una demanda RICO, un demandante debe demostrar:
- Actividad criminal. Debe demostrar que el acusado cometió uno de los delitos enumerados en la ley RICO, que incluyen los amplios delitos de fraude postal y electrónico. Sin embargo, si presenta una demanda por fraude, el tribunal aplicará un escrutinio estricto.
- Patrón de actividad delictiva. Un delito no es suficiente. Usted tiene que demostrar un patrón de al menos dos delitos. Un patrón requiere que los delitos estén relacionados de alguna manera -la misma víctima, los mismos métodos, los mismos participantes- o que sean continuos, lo que significa que se llevaron a cabo durante al menos un año.
- Dentro del plazo de prescripción. El Tribunal Supremo sostuvo que la ley RICO tiene un plazo de prescripción de cuatro años, que comienza a transcurrir desde el momento en que la víctima descubre sus daños.
La ley RICO es poderosa y compleja. Si cree que ha sido gravemente perjudicado por una actividad delictiva amparada por la ley RICO, consulte con un abogado para ver si tiene un caso. Pero asegúrese de que merece la pena el esfuerzo. Las demandas civiles RICO pueden ser muy costosas.
Última actualización: abril de 2018